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¿Debemos volver al congreso?

¿Debemos volver al Congreso? ¿Para qué?

Apreciada ciudadana, apreciado ciudadano: Desde hace un tiempo, y desde diferentes grupos sociales me están preguntando: ¿Diputada, Usted se va a reelegir, verdad? Siempre he dado la misma respuesta: esa es una decisión que quiero tomarla con los colectivos con los que he trabajado estos años desde el Congreso, con las organizaciones con las cuales he construido mi decisión de voto, con la gente que ha colaborado con la diputación, y con ustedes. Siento que es el momento de aunar voluntades de todos los ciudadanos y ciudadanas que militan en partidos políticos, en movimientos y organizaciones sociales, culturales, religiosas, de los ciudadanos y ciudadanas que no tienen ninguna militancia pero sí se sienten preocupados por el futuro de sus familias y del país. Pero yo también me pregunto y quiero hacerlo públicamente para que podamos conversar, para que dialoguemos, para que pensemos, para que construyamos en conjunto: ¿Debemos volver al Congreso? ¿Para qué? En los últimos meses hemos confirmado, una vez más, que los intereses políticos particulares y grupales se imponen al bien común, a la esencia de la democracia que es el derecho a participar, a elegir y ser elegido. Quienes tienen el control de los poderes del Estado han tomado la decisión de que son ellos quienes deciden por los dominicanos y dominicanas. Lo han hecho sin consultar, sin escuchar al pueblo, sin pensar en sus sentimientos, en sus emociones, en sus ilusiones. También, vemos y vivimos, en cada instante, la violación de derechos constitucionales, el manejo interesado de las cifras, para “demostrar” que vivimos en un país de ensueño, con una clase media creciendo, con el aumento de importación de lujosos automóviles, construcción de grandes torres, aumento de las tarjetas de crédito, etc. Sin embargo, en la calle, en los barrios, en los campos, en las guaguas… se sufre violencia diariamente. Muchas veces porque no tienen dinero para pagar su transporte para ir al trabajo, porque no pueden dar una alimentación sana a sus familias, porque el sueldo no es suficiente para cubrir las necesidades (Más de 400,000 personas reciben un sueldo menor de 10,000 pesos cuando la canasta básica está por encima de los 25,000 pesos). Otras veces porque no hay trabajo (más de 600,000 personas están buscando un empleo), la gente se siente insegura por los altos niveles de delincuencia y criminalidad, un medio ambiente que se deteriora por la ausencia de una política pública e inversión consistente, en definitiva no hay garantía de derechos. El Congreso juega con leyes como si fuera un juego de ping pong entre el Senado y la Cámara de Diputados, no aprobando leyes que son esenciales para la vida de la gente. Vemos una justicia que no cumple su misión de hacer justicia para frenar la corrupción y la impunidad. Que no llega a los acusados de delitos de corrupción que son parte del grupo que “controla” los poderes del Estado y tienen fortunas para modificar a su favor sentencias, pruebas, conciencias; imperando la impunidad. Los partidos políticos conservadores, tradicionales, mayoritarios, minoritarios disfrutan “el festín electoral”. Nueva vez han aflorado las ambiciones por los cargos, por el dinero público, por los bienes del Estado. Se han apagado muchas intenciones de servir al pueblo. El clientelismo político, la propaganda engañosa, las alianzas oportunistas y de reparto del botín, han hecho que la democracia esté totalmente deteriorada y controlada, que los programas políticos no existan, que los votos se compren. Cuya consecuencia es una administración pública y un Congreso, ineficaz e ineficiente que no garantiza servicios públicos. Por todo ello se impone continuar articulando acciones para fortalecer la Alianza Electoral por el Cambio Democrático donde además de las organizaciones integrantes, la palabra, la voz, la decisión de ciudadanos y ciudadanas sea tomada en cuenta. El derecho a la palabra lo tiene y lo ejerce cada ciudadano, cada ciudadana, en libertad, sin presiones, sin chantajes. Nadie puede negar este derecho en una sociedad libre y democrática. A este propósito quiero seguir contribuyendo, desde la experiencia que en estos años hemos construido con los colectivos sociales que luchan por sus derechos. Escuchar y conocer sus opiniones es muy importante para mí. Cualesquiera que sean tus comentarios al respecto. Pueden hacerlo desde aquí mismo o escribiéndome a guadalupediputadanacional@gmail.com o si prefieren llamarme a los siguientes teléfonos: Oficina: 809-6870472 o al Cel. 1-809-3500472. Podemos también encontrarnos y conversarlo si lo consideran, Agradeciendo tu atención, me despido con un fuerte abrazo, Guadalupe Valdez Santo Domingo, D.N. 15 de noviembre, 2015

Presupuesto 2016

¿Debemos votar Si o No por el presupuesto para el 2016 presentado por el gobierno?

El Poder Ejecutivo sometió el 30 de septiembre al Congreso Nacional el Presupuesto del 2016 por un monto de RD$663,558 millones, para un incremento de un 7% respecto al del año 2015. El Presupuesto presentado tiene un déficit de RD$189,000 millones, monto que habrá de tomar prestado el gobierno. De esta cantidad, RD$73,000 millones es el monto neto a financiar. El resto se destinará a pagar deuda pública. Año tras año, el déficit presupuestario obliga al Estado a tomar prestado para financiar el Presupuesto. Durante el próximo año existe un incremento de la deuda pública del 11.5%. El Ministro de Hacienda Simón Lizardo, ha reconocido que existe una presión fiscal fuerte, debido a que los ingresos del Gobierno solo alcanzan 14.1% del PIB, mientras el gasto es del 17.5 % del PIB, para una diferencia del 3.4%. Estos datos señalan el peligro que supone la aprobación de Presupuestos deficitarios. El proyecto del Presupuesto General del Estado para el año 2016 puede consultarlo en el link siguiente. http://www.senado.gob.do/senado/Portals/0/Documentos/Proyectos%20de%20Leyes/Presupuesto2016.pdf Le avanzamos algunos datos para que pondere su opinión: Se repite la propuesta de endeudamiento por noveno año consecutivo. En términos netos incrementará la deuda pública en US$ 1,607 millones, llevando la deuda total del Sector Público No Financiero desde poco menos de US$24 mil millones hasta más de US$25.5 mil millones, lo que equivale a algo más del 37% del PIB. Cuando se suman los cerca de RD$380 mil millones (US$8,500 millones) que adeuda el Banco Central, la deuda del sector público llega hasta casi 50% del PIB. En 2016 la nueva deuda contratada es insuficiente para amortizar capital y pagar intereses de la vieja deuda. Por ello, habrá que sacar casi RD$ 22 mil millones del presupuesto para liquidar esos compromisos. La composición del gasto, se mantendrá bastante rígida; no habrá innovaciones o apuestas por reforzar de manera significativa rubros de gasto crítico como salud, infraestructura económica o justicia, seguridad y orden público. Por las exenciones y subsidios a los sectores productivos y los consumidores, el Estado dejará de recibir durante el año 2016 la suma de RD$212,378 millones. La inversión pública se mantendrá en menos de RD$78 mil millones, equivalente a 2.4% del PIB o 14% del gasto público

Redistribucion Diputados

El artículo 81 de la Constitución dominicana establece la composición de la Cámara de Diputados. En su apartado 1 señala que está compuesta por  “Ciento setenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia;”

Siguiendo el mandato Constitucional, la JCE ha redistribuido las diputaciones por provincias de acuerdo al censo del año 2010 arrojando variaciones en varias provincias. Incrementa diputaciones en La Altagracia (de 4 a 5) y Santo Domingo (de 36 a 44). Las diputaciones disminuyen en María Trinidad Sánchez (de 3 a 2) Monte Plata y Barahona (de 4 a 3), Espaillat y San Juan (de 5 a 4), Duarte y San Pedro de Macorís (de 6 a 5); La Vega (de 8 a 7) y San Cristóbal (de 11 a 10).

Esta resolución ha sido cuestionada por algunos partidos políticos y el PLD ha sometido al Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso con el que busca suspender la resolución número 06/2015, de la JCE.

Está previsto que la Cámara de Diputados se pronuncie el martes próximo sobre la resolución de la JCE y en tal sentido queremos conocer su opinión.

¿Está de acuerdo con la redistribución de diputados realizada por la JCE para elecciones 2016?


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