Para la diputada nacional Guadalupe Valdez, el transfuguismo que se está viviendo en la República Dominicana es consecuencia de la desestructuración que asola a los partidos políticos por causas como la falta de democracia interna, falta de transparencia así como la escasez de debate ideológico.

“Los partidos han dejado de jugar el rol que les corresponde de dar respuesta a las necesidades y a los intereses de la ciudadanía a través de políticas públicas que garanticen el respeto a la institucionalidad y a los derechos de las personas”, afirmó.

Guadalupe Valdez señala que los militantes hoy se están mudando de un partido a otro no por principios o planteamientos programáticos sino porque buscan opciones electorales.

Añade la legisladora que esta forma de proceder en partidos políticos y en franquicias políticas, por intereses personales y no en función del bien común, “genera desconfianza en la ciudadanía, sobre todo en la juventud, que no se siente motivada a participar en este tipo de partidos políticos que no tienen propuestas programáticas, que no tienen una visión de desarrollo estratégico para el país”.

En su opinión, hay que generar nuevas formas de hacer política donde la ciudadanía sienta que tiene la posibilidad de participar y de decidir cuál es el curso a seguir en el país desde las organizaciones y de una participación política pensada y hecha para el bien de la sociedad y no solamente para satisfacer intereses particulares.

La diputada nacional fue contundente en indicar que los motivos por los cuales la Cámara de Diputados no  aprobó la ley de partidos políticos fue porque no quieren que haya transparencia en cuanto al manejo de los recursos, en dar a conoce las contribuciones que hace el sector privado o que hacen los donantes particulares. Tampoco se quiso poner un tope para el financiamiento de los partidos políticos, y no se quiso establecer reglas claras para las elecciones primarias de elección de los candidatos, señaló.

Guadalupe Valdez considera que la  figura del transfuguismo también debe ser  planteada en una ley de partidos políticos, de forma que impida que se den los cambios de militancia en procesos electorales como el que está produciéndose en el país